Argentina activó una vía de arbitraje contra el Reino Unido por petróleo en Malvinas

El Gobierno de Javier Milei puso en marcha una vía de arbitraje internacional contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas. El planteo se centra en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y utiliza los mecanismos de solución de controversias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La Casa Rosada informó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar el procedimiento. Argentina también intimó al Reino Unido a adoptar, dentro de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de actividades destinadas a explotar hidrocarburos y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en el área en disputa.

El Reino Unido rechazó el planteo. Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria del Foreign Office para los Territorios de Ultramar, sostuvo que las actividades vinculadas con las islas se realizan conforme al derecho internacional, incluida la CONVEMAR. Esa posición también fue transmitida a la embajadora argentina Mariana Plaza.

La Convención regula el uso de los océanos, la explotación de sus recursos y la protección del medio marino. Para resolver controversias, Argentina eligió como primera opción al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, mientras que el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia. El artículo 287 establece que, cuando esas elecciones no coinciden y los países no acuerdan otra vía, corresponde recurrir al arbitraje del Anexo VII.

Ese procedimiento requiere constituir un tribunal de cinco integrantes. Cada Estado designa un árbitro y ambos deben acordar los otros tres, entre quienes se elige al presidente. La contraparte tiene 30 días desde la recepción de la notificación para nombrar a su representante. La Convención contempla mecanismos de designación si faltan nombramientos o no hay acuerdo, y dispone que el propio tribunal resuelva las objeciones sobre su competencia.

Mientras se integra el tribunal arbitral, Argentina anticipó que podría solicitar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. El artículo 290 contempla esa intervención si las partes no acuerdan otro órgano dentro de las dos semanas posteriores al pedido. Se trata de una posibilidad prevista para esa etapa: el anuncio argentino no implica que el tribunal ya haya dictado medidas.