Christa Pike sigue en estado crítico y su defensa pide conmutar la pena de muerte

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El abogado Stephen Ferrell pidió al gobernador de Tennessee que cambie la condena por prisión perpetua después del intento fallido de ejecución.

Christa Pike permanece hospitalizada, inconsciente y conectada a un respirador después del intento fallido de ejecución en Tennessee, Estados Unidos. Su abogado, Stephen Ferrell, informó que continúa en estado crítico y pidió que su condena a muerte sea conmutada por prisión perpetua.

Ferrell explicó que todavía desconoce el pronóstico de su clienta y que no le permitieron visitarla desde el procedimiento. Según el defensor, los médicos siguen tratando los efectos del pentobarbital administrado durante la ejecución. No hay una evaluación definitiva sobre sus posibilidades de recuperación.

La defensa sostiene que Pike lleva 30 años presa y que pasó gran parte de ese tiempo en aislamiento. Ferrell reclamó al gobernador Bill Lee que considere esas condiciones y el sufrimiento provocado por el intento de ejecución al resolver el pedido de conmutación.

Durante el procedimiento en la prisión de máxima seguridad de Riverbend, en Nashville, Pike recibió dos dosis de pentobarbital y sobrevivió. Las causas de la falla deberán ser determinadas por la revisión independiente que dispuso el gobernador.

Lee, que previamente había rechazado concederle el indulto, suspendió las ejecuciones por el resto del año. En paralelo, Frank Strada, comisionado del Departamento Correccional de Tennessee, anunció su renuncia y sostuvo en su declaración que el organismo había actuado de acuerdo con el protocolo establecido.

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995 en un centro de capacitación laboral. Tenía 18 años al momento del crimen. El pedido de su defensa busca reemplazar la pena capital por una condena que la mantenga en prisión de por vida.

Por qué importa: Para un lector argentino, el caso permite entender el debate sobre la pena de muerte y la responsabilidad del Estado ante los daños de una ejecución fallida.

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