La FGR apelará el fallo que frenó el proceso contra exfuncionarios de Aguascalientes
La fiscalía mexicana cuestionó la decisión judicial en el caso del parque solar de Next Energy y aseguró que mantiene abiertas otras líneas de investigación.
- La FGR anunció que apelará la decisión de no vincular a proceso a cinco exfuncionarios.
- La investigación involucra la contratación de un parque solar con Next Energy.
- Nora Ruvalcaba cuestionó el fallo y denunció pagos por más de 2.000 millones de pesos mexicanos.
- La fiscalía federal mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre el proyecto.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció el 2 de octubre que apelará la resolución judicial que decidió no vincular a proceso a cinco exfuncionarios del municipio de Aguascalientes investigados por presunta corrupción en la contratación de un parque fotovoltaico con Next Energy. El organismo sostuvo que el fallo dejó sin considerar elementos jurídicos relevantes.
La decisión alcanza a Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Alfredo Martín Cervantes García, Mónica Marcela Díaz Aranda, Luis Alberto Rivera Vargas y Rodolfo Telles Moreno. Los cinco ocuparon cargos municipales durante la gestión de Teresa Jiménez como presidenta municipal, cuando se firmó el contrato para el proyecto energético.
La FGR informó que la investigación comenzó a partir de la denuncia de una senadora, cuya identidad no precisó en su comunicado. Nora Ruvalcaba, legisladora de Morena con licencia, cuestionó públicamente la resolución el 1 de octubre. Según su explicación, la jueza Yuridia Bello consideró que había vencido el plazo legal para perseguir el delito y que el caso ya había sido juzgado.
Ruvalcaba también afirmó que se pagaron más de 2.000 millones de pesos mexicanos para financiar un parque fotovoltaico que no produjo electricidad. La cifra y el señalamiento sobre la falta de generación forman parte de su denuncia pública. La legisladora cuestionó, además, la decisión de la fiscalía estatal de no ejercer la acción penal.
La fiscalía federal aseguró que, cualquiera sea el resultado de la apelación, siguen abiertas líneas de investigación sobre el uso de recursos públicos federales, el cumplimiento de las obligaciones del proyecto y posibles mecanismos financieros y comerciales que pudieron afectar el interés público. También afirmó que una resolución adversa en un procedimiento específico no implica abandonar las investigaciones.
Por qué importa: Para un lector argentino, el caso muestra la importancia de controlar cómo se usan los fondos públicos y qué resultados entregan los contratos de infraestructura energética.