La JEP de Colombia advierte que un recorte en 2027 afectaría la atención a víctimas
La justicia transicional pidió al Congreso conservar la asignación propuesta por el Gobierno y alertó sobre riesgos para las audiencias y la asistencia jurídica.
- El recorte aprobado en primer debate dejaría a la JEP con 651.803 millones de pesos colombianos en 2027.
- La reducción adicional suma 170.000 millones frente a la propuesta inicial del Gobierno.
- La JEP advierte sobre riesgos para las audiencias, la asistencia jurídica y el acompañamiento a víctimas.
- El organismo reportó ahorros cercanos a 21.575 millones entre 2024 y julio de 2026.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia pidió al Congreso mantener los recursos previstos por el Gobierno para 2027. El organismo advirtió que el recorte aprobado en el primer debate presupuestario podría afectar la participación de las víctimas del conflicto armado y las garantías de quienes comparecen ante esa justicia.
El Gobierno había propuesto una asignación de 821.803 millones de pesos colombianos, por debajo de los 947.642 millones solicitados por la JEP. Las comisiones económicas conjuntas de la Cámara y el Senado plantearon una reducción adicional de 170.000 millones: el presupuesto quedaría en 651.803 millones, unos 129.667 millones menos que en 2026. El ajuste comprende 140.000 millones destinados a inversión y 30.000 millones a funcionamiento.
Según explicó la JEP, una menor disponibilidad de fondos podría limitar las audiencias en los territorios donde ocurrieron los hechos investigados, la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de las víctimas. También podría afectar su protección ante posibles riesgos y la posibilidad de conocer qué pasó con sus familiares, mientras avanzan las investigaciones de 11 macrocasos y distintas etapas de juicio.
La jurisdicción alertó además sobre las consecuencias para el debido proceso y la seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública. El organismo sostuvo que el ajuste podría dificultar la determinación de responsabilidades, la imposición y ejecución de sanciones y la resolución de la situación jurídica de los comparecientes.
Ante la discusión presupuestaria, la JEP aseguró que ya aplica medidas de austeridad, como diligencias virtuales, programación anticipada de audiencias y cambios en la logística. De acuerdo con sus registros, esas acciones generaron ahorros cercanos a 21.575 millones de pesos colombianos entre 2024 y julio de 2026. La entidad también anunció que prepara un nuevo plan para reducir costos y tiempos de operación.
La JEP aclaró que su pedido busca conservar la asignación inicial del Gobierno y que no implica ampliar su mandato. Recordó que no propuso extender su vigencia constitucional de 15 años, prevista hasta 2033, y reafirmó su compromiso de rendir cuentas sobre los fondos públicos y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
Por qué importa: Para un lector argentino, el debate muestra cómo las decisiones presupuestarias pueden afectar el acceso a la justicia y el cumplimiento del acuerdo de paz en un país de la región.